Guanajuato, Gto. – Las diputadas y los diputados del Congreso del Estado de Guanajuato aprobaron las reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato con la finalidad de incluir el hostigamiento y acoso sexual ejercidos por servidores públicos en el catálogo de faltas administrativas graves; así como contar con una sanción explícita cuando sean vulnerados los derechos de las mujeres en su participación en la vida política.
La diputada Lila Margarita Rionda Salas hizo uso de la voz para hablar a favor del dictamen y explicó que esta iniciativa tiene la intención de fortalecer la participación política de las mujeres y establecer que la violencia política contra las mismas es grave y debe sancionarse en la vía administrativa.
“El Instituto Nacional Electoral informó que hay un total de 349 registros en el Registro Nacional en Materia de Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género de los cuáles la mayoría son hombres y ostentan cargos municipales”, dijo.
Por su parte el legislador Gerardo Fernández González fijó su postura sobre las sanciones administrativas que deben ser impuestas a servidores públicos por conductas de acoso, hostigamiento y violencia política en razón de género, dejando un precedente de la seriedad que representa la vulneración de la paz para cualquier mujer.
“La violencia laboral no es exclusivamente una condición de género pero a diferencia de los hombres las mujeres sufren comúnmente condiciones desiguales respecto al género masculino como la percepción de salarios inferiores, la ausencia y dificultades para acceder a prestaciones lo cual indica una situación constante de desventaja”, declaró.
El diputado también hizo referencia a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares, informando que el 27% las mujeres que han participado en mercado experimentaron violencia sexual.
La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Yulma Rocha, presentó una reserva al proyecto para subsanar deficiencias en la redacción y sustituir el término “violencia política” por “violencia política contra las mujeres en razón de género”. La reserva no fue aprobada.
La propuesta fue aprobada por unanimidad.
Redacción LRB