Guanajuato. – El diputado David Martínez Mendizábal, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar al fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, para que ordene el cierre de la carpeta de investigación número 130424/2023 en contra de las y los estudiantes de la Universidad de Guanajuato que ejercieron su derecho a la libre manifestación.

Así como para pedir a la Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede y base en Guanajuato de la Primera Región del Estado, Paulina Irais Medina Manzano, para que en el ámbito de sus atribuciones garantice los derechos humanos de las y los estudiantes criminalizados por la Fiscalía General del Estado; y a la rectora general de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López, para que en el ámbito de sus atribuciones garantice los derechos de protesta y libertad de expresión de las y los estudiantes.

En sus consideraciones, el legislador manifestó que derivado del actuar del movimiento universitario que exigía la democratización de la Universidad de Guanajuato, se generaron acuerdos entre el movimiento y las autoridades universitarias, entre los que se encontraba el respeto institucional a los murales e intervenciones que surgieron de la ocupación de las oficinas de Rectoría General, como el compromiso institucional de evitar represalias en contra de quienes participaron del movimiento estudiantil.

El congresista expresó que los acuerdos pactados no fueron respetados por las autoridades, debido a que siete de las y los participantes del movimiento universitario están siendo perseguidos penalmente por la Fiscalía del Estado, acusados del delito de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico.

“Este hecho se agrava no sólo por el abandono de las y los estudiantes por parte de la Universidad de Guanajuato, sino también porque se ha violentado de forma irreparable su derecho al debido proceso: nunca se les informó de la acusación durante la etapa de investigación, mucho menos se les llamó a comparecer. Las y los estudiantes se enteraron de esta persecución hasta que el Poder Judicial del Estado le citó a la audiencia inicial del proceso”, dijo.

Martínez Mendizábal concluyó diciendo que existe un rechazo a que se utilice la procuración de justicia como un instrumento de venganza contra quienes en ejercicio de sus derechos fundamentales se manifiestan y protestan con libertad, destacando que es necesario que el Congreso de Guanajuato se pronuncie para detener la criminalización de estos siete estudiantes y evitar cualquier represalia por parte de las autoridades universitarias.

La solicitud de obvia resolución no fue aprobada, por lo que se turnó la propuesta a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su dictaminación.