Guanajuato, Gto. – El Pleno de la 66 Legislatura exhortó a los 46 municipios del Estado de Guanajuato para que, en ejercicio de sus atribuciones reglamentarias y de conformidad con la ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, realicen las adecuaciones normativas, reglamentarias y administrativas que resulten necesarias para armonizar sus disposiciones municipales con el contenido de dicho ordenamiento e informen en un plazo no mayor a 90 días naturales, sobre los avances y acciones efectuadas para su cumplimiento.
Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna los diputados Rodrigo González Zaragoza y Ernesto Millán Soberanes.
El diputado Rodrigo González Zaragoza enfatizó la urgencia de reordenar la movilidad bajo una visión integral y transversal que supere el modelo enfocado prioritariamente en el automóvil.
Advirtió sobre la caída sistemática de usuarios en el transporte público, fenómeno directamente vinculado al incremento desmedido en el uso de motocicletas adquiridas a crédito, lo que ha derivado en severos problemas de tránsito y en aumento de lesionados y pérdidas de vidas en los municipios.
Planteó la necesidad de reorientar el esquema de concesiones del transporte público para poner al usuario en el centro, recordando que el transporte es un servicio público y un derecho, no solo un negocio.
Finalmente, el legislador anunció que se trabaja en una iniciativa para crear el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, para evitar que los concesionarios impongan aumentos de tarifas de forma unilateral por encima de la autoridad de los ayuntamientos.
Por su parte, el congresista Ernesto Millán Soberanes indicó que durante años se ha conceptualizado erróneamente la movilidad como una cuestión meramente técnica, como un tema menor de tránsito, de flujo vehicular; sin embargo, la movilidad, dijo, no es un lujo, no es un privilegio reservado a un automóvil; la movilidad es un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución.
Indicó que cada vez que un adulto mayor o una persona con discapacidad se encuentra con una rampa bloqueada, o cada vez que un estudiante o un trabajador debe pasar horas en espera en una parada de camión, está experimentando una afectación directa a su derecho a la movilidad y a su libertad de tránsito.
El diputado enfatizó que hoy en día se enfrenta a un rezago reglamentario y normativo sumamente grave a nivel municipal, ya que la gran mayoría de los municipios de la entidad no han adecuado ni actualizado sus reglamentos de tránsito, transporte y vialidad a las reformas de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios.
Finalmente, instó a sus homólogos a votar a favor del dictamen al señalar que hacerlo es responder a una exigencia genuina de justicia social y ponerse del lado de la gente para que el derecho a la movilidad deje de ser una promesa alejada y se convierta en una realidad cotidiana de libertad, dignidad y seguridad en todo Guanajuato.

