Piden independencia, imparcialidad y paridad de género en designación de la Presidencia del INE
Toño Cano 
Guanajuato, Gto., 29 de octubre de 2026. – El Pleno de la 66 Legislatura exhortó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Comité Técnico de Evaluación, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, garanticen que el procedimiento para la designación de la persona titular de la presidencia del Instituto Nacional Electoral se desarrolle con apego a los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y paridad de género, respetando el criterio de alternancia en la presidencia del instituto.
Asimismo, para que la designación recaiga en una mujer con trayectoria, capacidad, integridad y autonomía respecto de intereses partidistas y gubernamentales, a fin de fortalecer la confianza ciudadana en la autoridad electoral y garantizar su actuación independiente de cara al proceso electoral de 2027.
En el documento se señala que la democracia mexicana es resultado de un proceso de transformación institucional que permitió ampliar la representación política, fortalecer la competencia electoral y consolidar la autonomía de las autoridades encargadas de organizar las elecciones.
En ese sentido, se destaca la importancia de preservar la independencia del INE y garantizar que sus decisiones se conduzcan bajo principios de transparencia, rendición de cuentas y apego a la legalidad.
Finalmente, se subraya que la renovación de la Presidencia del Instituto representa una oportunidad para fortalecer la autonomía de la autoridad electoral, recuperar la confianza ciudadana y garantizar condiciones de certeza e imparcialidad en la organización de los próximos comicios.
La propuesta tiene su origen en un punto de acuerdo de obvia resolución presentado por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Intervenciones
Para hablar a favor de la obvia resolución hicieron uso de la tribuna las personas diputadas Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Rodrigo González Zaragoza.
En su intervención, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia sostuvo que el grupo oficialista representa el debilitamiento de las instituciones democráticas que a México le tomó décadas construir mediante las luchas de la ciudadanía, partidos políticos, mujeres y hombres que exigieron elecciones libres, autoridades independientes y límites claros al ejercicio del poder.
La legisladora expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesa el Instituto Nacional Electoral, recordando que desde 2024 se promovieron reformas para ampliar las facultades administrativas de la presidencia del órgano electoral, abriendo la puerta a posibles arbitrariedades.
Asimismo, enfatizó la necesidad de exigir rendición de cuentas, transparencia y autonomía tras la renuncia de la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei, señalando que existen investigaciones sobre contrataciones y probables conflictos de interés que deben ser esclarecidos sin que se eludan responsabilidades políticas.
Por su parte, el congresista Rodrigo González Zaragoza habló sobre los excesos de la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral -INE- y la corrupción que generó en el citado organismo. Apuntó que el problema no acaba ahí, ya que el árbitro está vendido y no va a poder llevar a cabo elecciones justas, además de que la ciudadanía no tiene confianza y habrá un caos para 2027, al subrayar que destruyeron al INE.
En su intervención, el congresista Alejandro Arias Ávila sostuvo que el órgano electoral se encuentra gravemente afectado por actos de corrupción vinculados a la administración del partido oficialista, además de detallar que las investigaciones y revelaciones periodísticas pusieron al descubierto conflictos de interés por la relación cercana de la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei, con un empresario que obtuvo contratos millonarios a través de una red de empresas.
Agregó que tras estos hechos se dieron deslindes inmediatos por parte de quienes promovieron y protegieron dicha gestión, recordando que Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del organismo bajo la recomendación del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y mediante un proceso de selección en la Cámara de Diputados impulsado por la mayoría a nivel federal.
Finalmente, el diputado concluyó advirtiendo que la degradación de las instituciones independientes pone en riesgo la certidumbre de los próximos comicios y subrayó que el país se encuentra inmerso en un proceso electoral gravemente amenazado por la sospecha y la ilegalidad, por lo que resulta indispensable exigir transparencia absoluta para garantizar que la voluntad ciudadana y el ejercicio del voto no se vean empañados.
En rectificación de hechos, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco manifestó que el tema no puede limitarse a quién va a encabezar el INE, sino a cuál será el proceso, el mecanismo, que sea un proceso transparente y que deje de tener dueños.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Romero Hicks señaló que todo sistema democrático necesita de la participación ciudadana, contrapesos institucionales y un auténtico Estado de derecho, los cuales deben garantizar elecciones libres, partidos competitivos, separación de poderes y, sobre todo, credibilidad, alineándose con los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y paridad de género consagrados en la Constitución.
También advirtió sobre los riesgos actuales derivados de la injerencia gubernamental, la delincuencia organizada y la designación por insaculación o tómbola de consejeros electorales, mecanismo que propició la llegada de perfiles contaminados y sin el consenso de una mayoría calificada, como ocurrió en el caso de la expresidenta Guadalupe Taddei.
Ante este escenario, Romero Hicks urgió a que se investigue exhaustivamente cualquier posible acto de corrupción dentro del Instituto Nacional Electoral y a que se cumpla de manera estricta con el procedimiento constitucional para la renovación de su presidencia, por lo que solicitó el voto a favor del punto de acuerdo, enfatizando que la confianza de las y los mexicanos depende de un árbitro electoral creíble que garantice el voto libre y respetado.
En rectificación de hechos, Plásida Calzada Velázquez manifestó que un panista presidía la Cámara de Diputados cuando fue electa Taddei y cuestionó por qué cuando Lorenzo Córdoba discriminaba a un indígena no se pronunciaron. Agregó que acompañarían el exhorto, pero que los principios se sostienen siempre, sin excepción alguna.
Por su parte, el congresista David Martínez Mendizábal indicó que en 1997 él cuidó una casilla, que les robaron votos, que señalan una falta de transparencia, como que en procesos electorales ellos mataron a sus propios candidatos, y les pidió recordar a Salinas de Gortari y su hermano. Finalizó al subrayar que la funcionaria no fue impuesta por MORENA, sino que se designó por insaculación.
El debate continuó con las intervenciones de las personas diputadas Aldo Iván Márquez Becerra, José Erandi Bermúdez Méndez, Miriam Reyes Carmona, Alejandro Arias Ávila, Jorge Arturo Espadas Galván, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, Ernesto Millán Soberanes y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia quienes expusieron sus puntos a favor y en contra de los señalamientos de sus homólogos.
La solicitud de obvia resolución fue aprobada por unanimidad de votos.
Para hablar a favor del punto de acuerdo hicieron uso de la tribuna los diputados David Martínez Mendizábal, Rodrigo González Zaragoza y Alejandro Arias Ávila.
En su intervención, el diputado David Martínez Mendizábal aclaró que su grupo parlamentario está a favor de la limpieza institucional y de combatir la impunidad, definiendo esta última como la comisión de un delito que queda sin persecución, por lo que exigió que las instancias facultadas, como la Auditoría Superior de la Federación y la fiscalía correspondiente, actúen con rigor sin inventar redes de complicidad sin sustento probatorio.
Criticó que desde la oposición se pretenda actuar como jueces anticipados para señalar culpabilidades sin pruebas firmes, exhortando a las y los legisladores a centrarse en el punto fundamental del debate, que es investigar y sancionar con apego a derecho.
Asimismo, el legislador recordó el contexto histórico del sistema electoral mexicano, señalando que los antiguos órganos y los controles de votación estuvieron marcados por prácticas de simulación y control gubernamental impulsadas por las fuerzas políticas que hoy exigen limpieza.
El congresista Rodrigo González Zaragoza manifestó que, más allá de posiciones partidistas, tienen que encontrar un momento de reflexión activa y no pasiva, que no pueden dejar que esto se resuelva por la inercia porque el remedio puede ser peor que la enfermedad.
Remarcó que de esta resolución depende la vida estructural de la vida pública de México y, si se va a sacar en consenso como Congreso, deben darle seguimiento, que se involucre a la sociedad en general, a las universidades, a las academias, convocar a lo mejor de México.
Finalmente, el congresista Alejandro Arias Ávila precisó la necesidad de diferenciar claramente los dos componentes principales del Instituto Nacional Electoral, señalando que por un lado se encuentra el área administrativa, cuya responsabilidad recae en la presidencia y la Junta General Ejecutiva, y por otro lado el Servicio Profesional Electoral Nacional, por lo que destacó y reconoció el trabajo de las cerca de 16,000 personas que integran dicho servicio civil de carrera mediante exámenes de oposición, calificándolos como verdaderos profesionales de la organización comicial responsables de contar y asegurar la validez de los votos de la ciudadanía.
Agregó que a todas las fuerzas participantes y al país en general les conviene contar con un árbitro de consenso que genere plena certidumbre e imparcialidad, subrayando que quienes tienen mayores posibilidades de triunfo en los comicios son los principales interesados en cuidar y preservar la estabilidad de la institución.
Asimismo, hizo un llamado a superar el debate partidista y enfocar los esfuerzos en la definición de una nueva presidencia que cuente con el aval de todas las fuerzas políticas y enfatizó que construir un Instituto Nacional Electoral sólido, transparente y confiable resulta indispensable para ofrecer certidumbre, tranquilidad y solidez democrática a la sociedad mexicana de cara a los próximos procesos electorales.
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