Toño Cano 
Guanajuato, 12 de noviembre de 2026.– Ante los múltiples señalamientos públicos de abusos de autoridad y conductas irregulares atribuidas a integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), el diputado Salvador Tovar, presentó un punto de acuerdo para exigir al Gobierno de Guanajuato fortalecer los mecanismos de supervisión, disciplina y rendición de cuentas dentro de la corporación.
Su propuesta exhorta a la gobernadora Libia Dennise García a instruir a la Secretaría de Seguridad y Paz a realizar una evaluación integral de los procesos de ingreso, permanencia y separación del servicio policial, así como de la supervisión operativa, la cadena de mando, los controles de confianza y la protección de información institucional.
El legislador señaló la importancia de que las instituciones de seguridad no solamente actúen ante los hechos delictivos, sino que también cuenten con mecanismos eficaces para prevenir posibles abusos, investigar las denuncias y garantizar que quienes integran las corporaciones actúen con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.
Desde tribuna, exhibió diversos casos registrados durante 2026: la detención de una integrante de las FSPE investigada por presuntamente facilitar información a un grupo delictivo; la detención y vinculación a proceso de dos elementos por su probable participación en abuso de autoridad en el tramo Silao-León; así como denuncias públicas por presuntas agresiones en Manuel Doblado y Yuriria, además de un periodista que denunció haber sido agredido durante un operativo en Comonfort.
Si bien, estos antecedentes tienen circunstancias y estados procesales distintos, por lo que no deben utilizarse para generalizar sobre toda la corporación ni para anticipar responsabilidades. Sin embargo, sí justifican revisar si los mecanismos institucionales están funcionando adecuadamente y si permiten detectar riesgos, atender denuncias y prevenir la repetición de posibles conductas indebidas.
El punto de acuerdo también plantea implementar un programa de mejora con acciones concretas, áreas responsables, plazos e indicadores de seguimiento, además de fortalecer la publicación periódica de estadísticas sobre quejas recibidas, investigaciones iniciadas y concluidas, procedimientos disciplinarios resueltos, tiempos de atención, medidas correctivas y sanciones firmes.
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