Guanajuato, Gto., a 13 de noviembre de 2026.- Dos hombres fueron privados de su libertad, sometidos a torturas y agredidos brutalmente durante varias horas en una casa de seguridad en Irapuato. Sus captores buscaban obtener información sobre la venta de droga y obligarlos a incorporarse a esa actividad criminal. La intervención de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato permitió rescatarlos con vida, detener a los responsables y llevarlos ante la justicia.
El resultado de esta investigación es una sentencia inédita de 55 años de prisión para cada uno de los tres responsables, obtenida por la Fiscalía mediante procedimiento abreviado y que hoy se encuentra firme.
Los hechos comenzaron la mañana del 5 de abril de 2024, después de las 8:30 horas, cuando una de las víctimas, quien se desempeñaba como taxista, se encontraba comiendo con un cliente identificado en la colonia El Naranjal. En ese lugar fue interceptado por SALVADOR ALFONSO “N”, alias “el chaparro”; LUIS JONATHAN “N”, alias “el jalisco”, y MANUEL “N”, conocido como “el mudo”, quienes lo obligaron a subir a un vehículo.
El trayecto terminó en un inmueble ubicado en la calle Rosendo Salazar, de la colonia Primero de Mayo, donde el ofendido fue mantenido en cautiverio. Ahí comenzaron las agresiones: fue vigilado, interrogado y sometido a torturas para obtener información relacionada con la venta de droga en la zona y obligarlo a trabajar para los captores en la comercialización de narcóticos.
La violencia ejercida contra la víctima fue extrema y grabada con dispositivos telefónicos. La noche de ese mismo 5 de abril, minutos antes de la medianoche, los mismos individuos irrumpieron armados en un establecimiento nocturno ubicado sobre el bulevar Solidaridad.
El propietario de dicho negocio también lo privaron de su libertad para trasladarlo en una camioneta que contaba con reporte de robo. Lo llevaron al mismo inmueble de la colonia Primero de Mayo, donde ya se encontraba la víctima inicial.
Una vez en el lugar, la segunda víctima fue sometido a interrogatorios y torturas con el mismo propósito: obtener información sobre la venta de droga en su negocio y obligarlo a participar en esa actividad. Durante el cautiverio también fue sometido a diversos tipos de tortura. Estas agresiones también quedaron registradas en dispositivos telefónicos. Mientras las víctimas permanecían privadas de su libertad, la Fiscalía General del Estado desplegó labores de investigación que permitieron ubicar el inmueble y actuar para poner fin al cautiverio. El 6 de abril de 2024, aproximadamente a las 21:00 horas, agentes de Investigación Criminal ingresaron al domicilio y rescataron a los plagiados, quienes se encontraban maniatados de pies y manos.
Al exterior del inmueble fueron detenidos SALVADOR ALFONSO “N”, “el chaparro”; LUIS JONATHAN “N”, “el jalisco”, y MANUEL “N”, “el mudo”, cuando intentaban ingresar para continuar con la vigilancia y custodia de las víctimas.
A partir de ese momento, la investigación avanzó mediante el trabajo coordinado de agentes de Investigación Criminal, peritos criminalistas, analistas de información y agentes del Ministerio Público. La integración de los datos de prueba, los actos de investigación y la labor de litigación permitieron acreditar ante la autoridad judicial la responsabilidad penal de los tres acusados por los delitos de privación de la libertad agravada y lesiones gravísimas calificadas.
El 10 de noviembre de 2026, mediante un procedimiento abreviado, se dictó sentencia condenatoria contra los tres imputados. A cada uno se le impusieron 55 años de prisión, sin beneficios ni sustitutivos de la pena, además de una multa de económica.
En materia de reparación del daño, se estableció el pago por concepto de daño psicológico. También quedó a salvo el derecho de ambas víctimas para cuantificar, durante la etapa de ejecución de sentencia, la reparación del daño moral e integral. Asimismo, se decretó la suspensión de sus derechos político-electorales.
La sentencia quedó firme luego de que todas las partes renunciaron a los plazos para impugnarla, por lo que la condena de 55 años de prisión para cada uno de los tres responsables ya no está sujeta a esos medios de impugnación.
Este resultado representa la respuesta de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ante hechos de extrema violencia: una investigación que permitió localizar y rescatar a dos personas que estaban en peligro, detener a sus captores y llevar ante la justicia a quienes fueron sentenciados por estos delitos. Detrás de cada resultado hay trabajo científico, investigación en campo, análisis de información y una actuación ministerial que busca que los hechos no queden impunes.
Detrás de este resultado hay trabajo científico, investigación en campo, análisis de información y una actuación ministerial que permitió localizar y rescatar a dos personas que estaban en peligro, detener a sus captores, llevarlos ante la justicia y alcanzar una resolución judicial de especial relevancia.

