Toño Cano 
Guanajuato, Gto. – La Comisión de Justicia realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, a fin de armonizar con las normas federales para establecer los mecanismos de prevención y sanción de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género, ECOSIG.
Los asistentes recomendaron valorar incorporar un capítulo completo de la codificación penal federal en el código penal local, dado que al no realizarse ajustes para dicha incorporación, se estima que se rompe con la sistemática del código local por cuanto a la estructuración de los tipos penales; se coincidió en la importancia sobre la protección de la dignidad humana en todas sus vertientes, además de seguir reforzando un clima de respeto y autonomía a todas las manifestaciones de la personalidad humana; y se aprecia que la propuesta regula componentes de carácter procesal siendo una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
Asimismo, se consideró que las terapias de conversión constituyen un trato cruel, inhumano o degradante cuando se llevan a cabo de manera forzada o sin el consentimiento de la persona afectada y en determinadas circunstancias pueden equivaler a tortura; que puede considerarse como un delito pluriofensivo porque se atenta contra una libertad sexual, pero también se trasgrede el libre desarrollo de la personalidad; evaluar por qué se da la penalidad propuesta; y que existen propuestas relacionadas con la materia en las que se debe retomar el análisis realizado para robustecer la propuesta.
Al hacer uso de la voz, la diputada Miriam Reyes Carmona externó que los llamados esfuerzos para corregir la identidad sexual y la identidad de género no son terapias, ni tratamientos médicos, son actos crueles que buscan modificar algo que no necesita corregirse y que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad, salud e integridad de las personas, además de que en la actualidad existen personas y organizaciones que promueven dichas prácticas disfrazadas de ayuda espiritual o psicológica.
En su intervención, la legisladora Susana Bermúdez Cano expresó que habría la posibilidad de que se genere una impunidad al no marcarse una diferencia en aquellos casos en que el resultado de la conducta ocasione lesiones que por su gravedad deban sancionarse con una punibilidad mayor a la que se contempla para ese delito, junto a que no hay una diferencia sustancial en la actual iniciativa y las anteriores que se han presentado sobre el mismo tema.
Por su parte, la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia indicó que se debe trabajar en una reforma que permita proteger los bienes jurídicos que se deben tutelar con los principios inherentes a la Ley penal, aunado a que se tiene que avanzar con la construcción de normas jurídicas sólidas que den certeza a los gobernados y a los operadores.
Finalmente, la diputada María Eugenia García Oliveros agradeció a los presentes cada una de las aportaciones vertidas y subrayó que las consideraciones serán tomadas en cuenta para la dictaminación.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros (presidenta), Susana Bermúdez Cano, Miriam Reyes Carmona y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia. Acompañados por representantes de la Consejería General Jurídica del Estado; de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; de la Universidad La Salle Bajío; y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
