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Guanajuato, Gto., 16 de diciembre de 2026.- En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2026.
Dicha ley asciende a 140 mil 331 millones 093 mil 736 pesos, lo que equivale a una variación real del 9.56% de incremento nominal; no contempla nuevos impuestos. En cuanto a los derechos, se detectan nuevos conceptos en esta categoría, se mantienen los vigentes para el ejercicio fiscal de 2025 y otros se reestructuran en su mecánica de cobro.
Se contempla la incorporación de derechos por permisos provisionales, el derecho por la celebración de la cesión de derechos en materia de bebidas alcohólicas realizada por la autoridad fiscal, los derechos en materia de establecimientos de casa de empeño y yonques. Además, se incorpora el concepto por la revisión y validación de la cédula de operación anual, entre otros aspectos.
Las cuotas del próximo ejercicio fiscal de 2026, con relación al 2025, se incrementan, en promedio y de manera generalizada, en un 4 por ciento. También, se contempla que los ingresos federales sumen 113 mil 938 millones 136 mil 179 pesos.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta habló a favor del dictamen. Manifestó que los dictámenes puestos a discusión tratan de un paquete integral, con una lógica clara y el objetivo de darle al Estado las bases financieras y normativas para cumplirle a la ciudadanía, siendo necesario que se tenga claridad en los ingresos, para atender de forma responsable las demandas sociales.
Añadió que para el ejercicio fiscal 2026 se contemplan 113 mil 938 millones de pesos de recursos federales, lo que representa un incremento de 8 mil 101 millones de pesos respecto a 2025, pero cuando se eliminan las etiquetas y las obligaciones legales, el incremento real disponible para el Estado es de alrededor de 4 mil 378 millones de pesos, y no de ocho mil como a veces se quiere hacer creer.
Finalmente, dijo que la reforma relacionada con la normativa de bebidas alcohólicas se fortalecen los mecanismos de supervisión, se clarifican reglas y se da mayor certeza jurídica, lo que permite un mejor control de esta actividad en beneficio de la seguridad, la legalidad y la convivencia social y se fomenta la formalidad y el emprendimiento, al establecer procedimientos más claros, transparentes y accesibles para quienes desean abrir o regularizar un negocio.
Por su parte, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor se pronunció en contra, al precisar que se encuentran ante una iniciativa que lejos de ser un instrumento de justicia social representa un ataque a la economía de los guanajuatenses, a los sectores productivos y a la equidad social en la entidad.
Apuntó que representaba un esfuerzo desproporcionado para obtener recursos, que se habían autorizado incrementos en trámites sencillos como actas de nacimiento, refrendo vehicular, permisos de transporte, entre otros.
Asimismo, remarcó que no estaban bien fundamentados los aumentos, que se le estaba cargando el costo a la población, que Guanajuato no necesitaba nuevos impuestos ni deuda, sino transparencia y disciplina fiscal.
En su oportunidad, la legisladora María del Pilar Gómez Enríquez indicó que existen razones plenamente justificadas para respaldar el dictamen. Dijo que era una respuesta responsable frente a un entorno nacional que ha modificado de manera profunda la distribución de recursos entre la federación y las entidades federativas.
Mencionó que los recursos en salud se han reducido en más de 700 millones de pesos, al igual que el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública. También habló del modelo de centralización y la respuesta que las entidades tienen que hacer al respecto, así como del trato desigual que se le ha dado a Guanajuato en materia presupuestaria.
Gómez Enríquez externó que ha habido decisiones arbitrarias en la distribución del recurso, por lo que el Estado busca fortalecer los ingresos propios para impulsar la salud, la seguridad y otros rubros, ante el trato que ha tenido la federación y el castigo que ha recibido en recursos.
En su oportunidad, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo puntualizó que lo que estaba por suceder era un abuso, era burlarse del pueblo, porque tenía cobros excesivos, impuestos vergonzosos que castigaban a la población.
Remarcó que 86 pesos de cada 100 pesos que le llegan a la entidad provenían de la federación; que subían los precios de las placas, el refrendo, las licencias, así como trámites básicos sin bajar los privilegios que ellos tenían.
Finalmente, comentó que, si se dejara de gastar en privilegios, al gobierno estatal le alcanzaría para llevar a cabo sus proyectos sin deuda pública y sin impuestos exagerados que atentan directamente contra la ciudadanía.
El dictamen fue aprobado en lo general por mayoría de votos con 24 a favor y 12 en contra.

