Toño Cano 
Guanajuato, Gto. – Convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar tres iniciativas de reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, que buscan armonizar la normatividad estatal con la reciente reforma a la Ley General en la materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas.
La primera propuesta fue presentada por el congresista David Martínez Mendizábal, quien externó que el objeto era armonizar la citada norma con la aprobada a nivel federal y tenía aspectos como incorporar nuevas herramientas que facilitarán la búsqueda y localización de personas desaparecidas; el fortalecimiento institucional, con énfasis en las fiscalías especializadas en delitos de desaparición forzada y cometida contra particulares, entre otros.
La segunda iniciativa la explicó la legisladora Susana Bermúdez Cano. Comentó que la propuesta iba más allá de cumplir con la armonización del marco jurídico local, que buscaba garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas desaparecidas o no localizadas, así como de sus familias.
Agregó que, con las modificaciones propuestas, el aparato estatal y municipal se suman al reforzamiento de la capacidad del Estado mexicano para cumplir, respetar y garantizar las libertades y derechos de las y los mexicanos a la vida, dignidad, respeto a la identidad, la protección de su seguridad y el acceso a la justicia.
La tercera también se dijo que pretende una armonización legislativa, así como atender un reclamo de acceso a la información que han hecho las familias buscadoras, regular las fichas de búsqueda, definir la plataforma de identidad, incorporar la base estatal de carpetas como herramienta formal, entre otros rubros.
De manera general se señaló que las tres iniciativas son coincidentes en el enfoque general de atender la violación de derechos humanos que genera la desaparición forzada, pues vincula al Estado a garantizar las consecuencias transversales que derivan de las desapariciones, como la violencia estructural, desigualdad social y discriminación, que una búsqueda objetiva, diferenciada para ciertos sectores de la población en una situación particular de vulnerabilidad, así como la prevención, investigación, sanción, reparación integral y, particularmente, la no repetición de los hechos.
La congresista María Eugenia García Oliveros sugirió que se escuche a los colectivos para que hagan sus comentarios sobre las iniciativas. Recordó que el origen es una propuesta de la presidenta de México que pretende atender de forma coordinada y profesional la situación respecto a la búsqueda de personas desaparecidas.
Apuntó que se trata de un tema de justicia y reafirmó su compromiso de trabajar sin descanso por un Estado donde la búsqueda de justicia nunca cese y cada persona desaparecida sea buscada hasta ser encontrada, así como porque cada día sean menos las personas víctimas de ese delito.
Por su parte, la legisladora Susana Bermúdez Cano manifestó el impacto de cada una de las opiniones, el tema de la plataforma y de darse a la tarea de no entorpecer y eficientar los sistemas.
Finalmente, el congresista Juan Carlos Romero Hicks subrayó que el país requiere soluciones y externó que se caminará hacia un dictamen en sentido positivo.
