Va Morena por “Ley Cazzu” para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes
Toño Cano 
Guanajuato, Gto., 26 de marzo.– Las Diputadas Locales de Morena, Edith Moreno Valencia, Miriam Reyes Carmona, Plasida Calzada y Hades Aguilar “Las 4 Por la Transformación”, presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución local con el objetivo de garantizar que, en procedimientos familiares, se privilegie el interés superior de niñas, niños y adolescentes, esta reforma es popularmente conocida como la “Ley Cazzu”.
Está propuesta de Morena, retoma los antecedentes legislativos de otros estados como Puebla y Michoacán, donde ya se discuten reformas para evitar que padres ausentes o deudores alimentarios obstaculicen la movilidad de sus hijas e hijos; sin embargo, en el caso de Guanajuato se opta por una ruta propia al incorporar la respuesta directamente en el artículo 1 de la Constitución estatal.
Al hablar desde tribuna, la diputada Edith Moreno Valencia detalló que esta propuesta busca establecer que, en casos que involucren traslado, cambio de residencia o movilidad de menores, las autoridades deberán priorizar derechos a la vida familiar, la identidad y la movilidad, dentro de sus competencias.
Además, plantea la creación de mecanismos ágiles y accesibles, con perspectiva de género y de niñez, para que la persona que ejerza la guarda o custodia del niño, niña o adolescente pueda obtener autorización judicial cuando exista abandono parental o incumplimiento reiterado de obligaciones alimentarias por parte del otro progenitor. La iniciativa busca evitar que este tipo de incumplimientos se utilicen como forma de control o violencia, fortaleciendo la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
El proyecto contempla la adición de dos párrafos al artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato. De ser aprobado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, y se otorgará un plazo de 180 días para la armonización de la legislación secundaria y la actualización de protocolos del Poder Judicial estatal.
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