Guanajuato, Gto., 08 de abril de 2026.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado realizó una mesa de trabajo con activistas y representantes de organizaciones civiles de la Diversidad Sexual y de Género, con el propósito de analizar la iniciativa presentada por la diputada de Morena, Eugenia García Oliveros, relativa al respeto a la dignidad post mortem.
La propuesta busca garantizar el reconocimiento y respeto a la identidad, expresión de género y dignidad póstuma, especialmente de las personas trans, ya que en muchos casos, tras su fallecimiento, son registradas, nombradas o presentadas con su nombre legal de nacimiento, desconociendo su verdadera identidad.
“Con esta iniciativa queremos reforzar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas que forman parte de la diversidad sexual, previniendo prácticas discriminatorias en procesos legales, administrativos e incluso simbólicos. Resulta primordial garantizar la dignidad póstuma de quienes históricamente han enfrentado violencia estructural y exclusión por su identidad”, expresó la diputada Eugenia García Oliveros.
El activista Miguel Ángel Alfaro destacó que, de acuerdo con reportes periodísticos, aproximadamente el 50% de las personas activistas y defensoras de derechos humanos asesinadas en Guanajuato pertenecen a la Diversidad Sexual y de Género, por lo cual urgió a fortalecer los mecanismos de protección. Asimismo, solicitó que el Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado incorpore a personas representantes de la diversidad sexual.
Por su parte, la activista Nallely Tello subrayó la importancia de asegurar la dignidad después de la muerte y propuso ampliar las facultades de la Subsecretaría de la Diversidad Sexual y de Género, para que pueda generar acciones efectivas más allá de la capacitación y el acompañamiento.
En tanto, Isaac Banda, integrante de Gto Libre, reconoció la relevancia de la iniciativa y propuso ajustes que fortalezcan su viabilidad jurídica. Planteó que, ante los homicidios de personas de la Diversidad Sexual y de Género, la Fiscalía del Estado active el Protocolo Nacional de Actuación y realice investigaciones con perspectiva de derechos humanos, evitando la revictimización.
También hizo un llamado a establecer mecanismos legales que permitan a las “familias sociales” reclamar los cuerpos de personas fallecidas, en casos donde la familia biológica no lo haga, creando vías de resolución para posibles conflictos.
Además, se sugirió que la Fiscalía General del Estado tenga la obligación expresa de registrar los delitos con perspectiva de orientación sexual e identidad de género, con el fin de prevenir el subregistro de transfeminicidios y crímenes de odio.
Durante su intervención, Mayra Bórquez, representante de Yumana A.C., compartió que, en su trabajo con adolescencias trans, muchas veces estas personas son excluidas de sus núcleos familiares de origen, por lo que resulta necesario reconocer legalmente las redes de apoyo y núcleos sociales como sujetos legitimados para la reclamación de cuerpos en caso de fallecimiento.

