Toño Cano 
Guanajuato, Gto. , 18 de febrero de 2026.– Convocada por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar siete iniciativas de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Principios de mínima intervención
En la primera se abordó lo relativo a incorporar en la ley los principios de mínima intervención y de no revictimización cuando intervienen niñas, niños y adolescentes en procedimientos judiciales.
La diputada Ana María Esquivel Arrona manifestó que se abordaba un tema prioritario, los derechos de niñas, niños y adolescentes, que se buscaba armonizar la norma local con la federal incorporando principios de mínima intervención y no revictimización priorizando el interés superior de la niñez.
Además, dijo, se les reconoce como titulares plenos de sus derechos evitando declaraciones reiteradas, opiniones repetidas o pruebas periciales múltiples que causan desgaste emocional y físico en procesos prolongados como alimentos, custodia o convivencia, optando por limitar comparecencias esenciales, rechazar ampliaciones ociosas y revisar grabaciones previas.
La congresista agregó que se proponen directrices judiciales: acortar diligencias, impedir actuaciones innecesarias, reducir el tiempo en los juzgados, citar a horarios compatibles con las necesidades básicas, permitiendo el retiro inmediato, prohibir las esperas ajenas y coordinar custodios.
De manera general, los participantes coincidieron en la viabilidad de la propuesta, al ser una armonización con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, solo se comentó que se considerara la incorporación del derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad
Procuradurías auxiliares municipales
La segunda en abordarse fue una propuesta en materia de independencia entre los enfoques de asistencia social a cargo de los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia, y de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes a cargo de las procuradurías auxiliares municipales, con el fin de una mayor especialización y eficiencia en la atención a las necesidades específicas de las familias, así como de las niñas, niños y adolescentes por cada una de estas instituciones.
El diputado Jesús Hernández Hernández indicó que la iniciativa busca separar claramente los enfoques de asistencia social municipal (a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia) de la protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, responsabilidad de las Procuradurías Auxiliares Municipales, promoviendo una mayor especialización y eficiencia en cada ámbito.
Apuntó que esa medida implicaría una transformación estructural que fortalecería el liderazgo de esos órganos municipales, permitiendo una mayor especialización en la protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Los participantes comentaron que persisten confusiones sobre las funciones específicas de las Procuradurías de Protección, los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia y el propio Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, niños y Adolescentes, y que esas lagunas conceptuales y operativas perpetúan prácticas asistencialistas y paternalistas que obstaculizan la plena restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que, atendiendo a la evolución natural de la sociedad, coincidían con la propuesta, sobre la urgencia de separar a las Procuradurías Auxiliares de Protección de los DIF municipales en Guanajuato.
Argumentaron que esa acción tendría un gran impacto en la implementación de un enfoque integral de derechos e implicaría una transformación estructural que beneficiaría no solo a las instituciones, sino también a la ciudadanía y, sobre todo, a las niñas, niños y adolescentes. Se comentó que se podría incluir a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Derechos Humanos.
Educación ambiental
La tercera, pretender fomentar en la educación que se imparte a niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente, inculcando en ellos la adopción de estilos de vida sustentables, así como concientizarlos sobre las causas-efectos del cambio climático; Inculcar en niñas, niños y adolescentes valores fundamentales, la cultura de la paz y educación cívica, el respeto de la identidad propia, así como a las diferencias culturales y opiniones diversas.
La congresista Ana María Esquivel Arrona manifestó que la propuesta pretende armonizar con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, adicionando atribuciones educativas con fines específicos: fomentar valores, paz, cívica, justicia, igualdad, no violencia, derechos humanos y cuidado animal, formando ciudadanos responsables hasta media superior, a fin de fortalecer la educación integral de las niñas, niños y adolescentes guanajuatenses, desde un enfoque integral.
Sobre la iniciativa se comentó que se considera loable la necesidad de seguir impulsando acciones para que las niñas, niños y adolescentes puedan transitar a una cultura de paz, de armonía y de respeto al medio ambiente, y con ello, seguir construyendo los mecanismos legales necesarios que generen un estado de derecho concurriendo de manera democrática a garantizar el cumplimiento que mandata la Constitución federal.
Erradicar trabajo infantil
La cuarta plantea garantizar con plenitud los derechos de niñas, niños y adolescentes, previniendo y erradicando el trabajo infantil. Al respecto, la congresista Miriam Reyes Carmona habló sobre el trabajo infantil que, comentó, no debería existir. Dijo que 3,7 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil, y que 3 de cada 10 no asisten a la escuela, lo que perpetúa sus condiciones de pobreza.
En Guanajuato, precisó, más de 135 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en ocupaciones no permitidas, por lo que se busca fortalecer el marco jurídico para erradicar el trabajo infantil y promover la corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno. Agregó que la iniciativa contempla temas como definición legal de trabajo infantil, el programa estatal y municipal con acciones concretas para la detección, prevención y erradicación del trabajo infantil, entre otros aspectos.
Se refirió en términos generales que la iniciativa que se está analizando constituye un esfuerzo significativo para enfrentar de manera integral el fenómeno del trabajo infantil; que es una problemática con raíces complejas que incluye factores como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades para las familias, requiere un enfoque normativo que garantice los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.
Medidas reparación integral del daño de hijas e hijos de mujeres
En la quinta, se platicó sobre la iniciativa que pretende reforzar las medidas de reparación integral del daño, la restitución de derechos y la atención de niñas, niños y adolescentes, hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.
Se comentó que se debería considerar el marco legal vigente, esto con el fin de evitar la duplicidad de registros, sugiriendo ponderar que en la Ley de Víctimas del Estado se encuentra el registro de personas que se busca incorporar en la presenta iniciativa.
En ese sentido, se precisaron algunos aspectos relevantes como que el Poder Ejecutivo ya cuenta con la estructura programática y un enfoque transversal con acciones que contribuyen a garantizar y restituir los derechos de la niñez y adolescencia para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; que a nivel programático-presupuestal, se identifica al programa presupuestario E008 Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo propósito reside en que NNA guanajuatenses o que transitan por el estado de Guanajuato gocen de la protección de sus derechos.
Parlamento Infantil y Juvenil
La sexta propone contribuir, a través de un Parlamento Infantil y Juvenil, promover y garantizar la participación efectiva y fortalecer la cultura democrática. Se refirió que se consideraba viable a la iniciativa en una de sus porciones normativas, la de promover la cultura legislativa entre las niñas y niños, y se recomendó incorporar el concepto de adolescentes; pero se dijo que por lo que al segundo componente, resultaba más propio regular las atribuciones de las comisiones legislativas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Ejercicio efectivo del derecho a la educación
Finalmente, se abordó la iniciativa que busca garantizar condiciones óptimas para el ejercicio efectivo del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, con base a la regulación digital, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en espacios educativos.
El congresista Jesús Hernández Hernández manifestó que más del 90% de adolescentes y 60% de niños de 6 a 11 años en Guanajuato usan celulares en escuelas, exponiéndose a ciberacoso, grooming, sexting, phishing y ciberdependencia, lo que, dijo, tiene un impacto emocional, en seguridad y académicamente.
Manifestó que no se busca prohibir sino regular su uso en el aula y que éste sea con fines pedagógicos, a fin de priorizar el aprendizaje sobre distracción o riesgo.
Se comentó de manera general que la propuesta es viable, con la recomendación de realizar algunos ajustes a las fracciones propuestas, a fin de complementarlas, con el objeto de no vulnerar el derecho de acceso a la información y la protección del interés superior de la niñez; generar las acciones para quienes se dedican a la educación al privilegiarla a través de la regulación del uso y disposición de los aparatos tecnológicos, así conformarlos con aliados para aumentar el rendimiento académico y que se contengan contenidos científicos.
Finalmente, el congresista David Martínez Mendizábal se refirió a dos grupos de niñas, niños y adolescentes en los que se ven vulnerados sus derechos como los hijos e hijas de víctimas de violencia directos e indirectos y la de jornaleros agrícolas, y remarcó que la política de cuidados está pendiente de fortalecerse en el estado.
En los trabajos de la mesa estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez, Ana María Esquivel Arrona y Miriam Reyes Carmona, así como el diputado Jesús Hernández Hernández y David Martínez Mendizábal. Además, los acompañaron representantes de la Consejería Jurídica, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, del Instituto de Investigaciones Legislativas y de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas.
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