Toño Cano 
Guanajuato, Gto. – La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato para establecer que la adopción será plena e irrevocable.
Se instruirá al área que realizó la consulta que redacte la información en lenguaje sencillo y explique cómo fueron tomados en cuenta sus comentarios de los participantes para dárselos a conocer.
Además, se comentó que se cuenta con la tarjeta de cumplimiento de requisitos respecto a los expedientes remitidos por la Junta de Gobierno y Coordinación Política para la designación de las personas integrantes del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
Las personas que presentaron su documentación son Francisco Javier Soto Tejeda, Juan Silverio Ramírez Urbina, Emilio Iván Serrato Alfaro, Gema Catalina Rico Lemus, Víctor Hugo Ramírez Nieto, María del Rocío Vargas León, Ma. Isabel Llamas Andrade, Ernesto Ramírez Balderas y Ángel Maximiliano Santiago Ibarra.
La diputada Plásida Calzada Velázquez comentó que previo a la realización del dictamen se llevarán a cabo entrevistas con quienes cumplieron con los requisitos. En ese sentido, precisó que de los 9 inscritos, 3 no cumplieron: Juan Silverio Ramírez Urbina, Gema Catalina Rico Lemus y Ángel Maximiliano Santiago Ibarra, por lo cual no continuarán en el proceso.
Asimismo, detalló cómo se llevarán a cabo las entrevistas, las cuales se llevarán a cabo el 26 de noviembre a las 9:00 horas.
La congresista precisó que, en este país nacer mujer sí es una desventaja social, ya que a la fecha la mujer ha sido rezagada, y que lo confirmaba de manera personal como mujer, indígena y por estatus social. Agregó que si bien se han creado figuras jurídicas como la igualdad sustantiva para que la mujer tenga el acceso efectivo al mismo trato donde se garantice el ejercicio pleno de sus derechos, se deben encaminar acciones para que así suceda.
En ese sentido, indicó que desde esta instancia legislativa no se oponía a que las mujeres avancen en ocupar o desempeñar un cargo público u honorífico, por lo que no podía desestimar que las mujeres sean miembro de este Consejo, aunado que se señala que es para elegir a dos hombres, precisó, hubo otra instancia que permitió a las mujeres inscribirse para formar parte de ese consejo.
Por su parte, la congresista Ana María Esquivel Arrona manifestó que partiendo del principio constitucional y con el objeto de alcanzar la paridad entre hombres y mujeres, esto abarca tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, se debe revisar quienes son los mejores perfiles para ocupar los espacios a fin de construir.
En ese sentido, propuso adoptar un enfoque integral que realmente coloque las capacidades y la trayectoria de las personas para salvaguardar el principio de paridad, pero sobre todo garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres.
En su oportunidad, la legisladora Miriam Reyes Carmona se sumó a su antecesora, al señalar que las mujeres han demostrado ser fuerza y empatía, también liderazgo, por lo que negar su inclusión es perpetuar una deuda histórica con las mujeres, por lo que este tema no puede ser excepción. Finalmente, el diputado Jesús Hernández Hernández respaldó a sus compañeras respecto a la oportunidad y la necesidad de participación de las mujeres.
En el apartado de asuntos generales, la congresista Plásida Calzada Velázquez compartió que siempre se debe cumplir con el interés superior de la niñez y que en las acciones que los afecten deben priorizar su bienestar y el pleno disfrute de sus derechos, por lo que resulta inaceptable que un niño, niña o adolescente reciba un trato diferenciado al no contar con sus padres.
Resaltó que era innegable e indudable que, de niñas y niños, todas y todos contamos con la necesidad de tener una familiar que nos cuidara, quisiera y guiara, porque esa, dijo, es la función de una familia: formar ciudadanos para una mejor sociedad.
Agregó que, por lo anterior, la adopción simple no debe tener cabida en el sistema jurídico porque atenta contra los derechos de la niñez, al no crearse un vínculo jurídico con la familia de los adoptantes.
