Guanajuato, Gto., 17 de febrero de 2026.- Mediante una investigación científica y técnica que acreditó de manera irrefutable la responsabilidad de los implicados, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia de 250 años de prisión en conjunto — 50 años para cada uno— en contra de una célula delictiva dedicada al secuestro.
Los hechos ocurrieron el 3 de marzo de 2022 en la ciudad de León, cuando los sentenciados interceptaron de forma violenta a una víctima que viajaba con su padre por el bulevar Santa Ana del Conde para privarla de la libertad.
Ese día, la ofendida fue interceptada por HOMERO “N” y KEVIN AARÓN “N”, quienes, tras someter a su progenitor, la trasladaron a una bodega ubicada en las inmediaciones del bulevar Morelos, donde permaneció en cautiverio mientras los plagiarios exigían un rescate millonario a través de diversas llamadas telefónicas.
Tras la intervención de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del Municipio, fueron detenidos JORAM “N” y JOSÉ ARTURO “N” en la colonia San Pedro, mientras que en la colonia Jardines de los Naranjos fueron capturados KEVIN AARÓN “N”, CARMEN ESTEFANÍA “N” y HOMERO “N”, estos últimos en posesión de armas de fuego.
La investigación encabezada por un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, permitió acreditar la participación de los sentenciados en labores de vigilancia, logística y custodia de la víctima durante el tiempo que duró el ilícito.
Luego del proceso judicial correspondiente, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó un fallo condenatorio por unanimidad, imponiendo una pena privativa de libertad de 50 años para los cinco responsables.
Además de la pena de prisión, los sentenciados deberán cubrir una multa económica, así como el pago por concepto de reparación del daño material y moral, este último a determinarse en la etapa de ejecución.
Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de combatir el delito de secuestro y garantizar que quienes vulneran la libertad de las familias guanajuatenses enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

