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Piden garantías para regreso de periodista Lydia Cacho

Lydia Cacho.

La Red Nacional de Periodistas exige al Estado mexicano que garantice condiciones de seguridad e integridad a nuestra compañera, la periodista Lydia Cacho Ribeiro, para que pueda retornar a su hogar, después de que el 3 de agosto se viera obligada a abandonar el país tras el allanamiento a su domicilio y las amenazas contra su vida.

La periodista Lydia Cacho Ribeiro ha sido exiliada en diversas ocasiones por las agresiones y amenazas que ha recibido, derivadas de sus investigaciones sobre pornografía infantil y redes de trata de personas que involucran a grupos de poder.

Estas agresiones han sido persistentes desde hace 13 años, cuando la periodista exigió justicia por la detención arbitraria y tortura sexual que vivió en 2005. Desde entonces el Estado mexicano ha desatendiendo su obligación de otorgar garantías de seguridad y justicia, incluso ante las recientes recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2767/2016).

La falta de garantías de seguridad para el retorno de nuestra compañera Lydia Cacho Ribeiro no sólo violenta sus derechos humanos y su libertad de expresión, también transgrede el derecho ciudadano a la información, sobre todo al considerar que las investigaciones realizadas por la periodista develan hechos de delincuencia organizada relacionada con explotación sexual infantil en los que están involucradas autoridades mexicanas.

Como Red Nacional de Periodistas reprobamos que nuestra compañera periodista y defensora de derechos humanos tenga que recurrir a la protección de otros países mientras las autoridades mexicanas la abandonan, pese a la resolución internacional determinada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que el gobierno mexicano ha ratificado.

Esta situación no es aislada, el Estado mexicano ha abandono su responsabilidad de garantizar el derecho a la libertad de expresión, lo que ha generado que en los primeros 10 meses del Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, 118 mujeres periodistas hayan sido agredidas, como lo hemos documentado desde la Red y según cifras de la organización Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC). En este periodo se han registrado tres casos de mujeres periodistas desplazadas de manera forzada de sus lugares de origen y en total suman 12 en los últimos 7 años.

En este contexto, llamamos a la Fiscalía General de la República a hacer efectiva la orden de aprehensión contra el exgobernador de Puebla Mario Marín Torres, el exjefe de policía judicial Adolfo Karam Beltrán y el empresario José Kamel Nacif Borge.

De acuerdo con el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la seguridad de las y los periodistas y la cuestión de la impunidad “La violencia contra las mujeres periodistas debe condenarse en los más altos niveles del Gobierno” por lo que exigimos que así suceda.

Exigimos a las autoridades federales garantizar medidas de protección efectivas para que Lydia Cacho Ribeiro pueda volver a su país. Enfatizamos la necesidad de que el Estado “adopte(ar) medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad”, tal como se expone en el artículo 7 de la Convención de Belem do Pará.

Atentamente

Red Nacional de Periodistas