
Guanajuato. – La mañana de este miércoles, personal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Guanajuato, realizó un operativo en el fraccionamiento La Cucursola, ubicado en terrenos forestales de la Sierra de Santa Rosa, en el municipio de Guanajuato.
El operativo se realizó en el marco de la investigación iniciada por la FGR a partir de una denuncia penal, presentada por la organización Acción Colectiva Socioambiental, A.C. el 9 de febrero del año 2023.
Los quejosos presumen una probable comisión de Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental previstos en el Código Penal Federal en contra de la empresa Loma De Irapuato, S.A. de C.V. y de su administrador único, el exdiputado federal Sergio Fernando Ascencio Barba, así como en contra de Mario Alejandro Navarro Saldaña, entonces presidente municipal de Guanajuato y Juan Carlos Delgado Zárate, ex titular de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del mismo municipio.



La denuncia penal está relacionada con la construcción del fraccionamiento La Cucursola en terrenos forestales sin contar con la Autorización de Impacto Ambiental expedida por SEMARNAT ni el Estudio Técnico Justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, de acuerdo a lo que establece y exige el artículo 28 fracción VII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y los artículos 14 fracción XI, 68 fracción I y 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como por la expedición indebida de autorizaciones municipales que permitieron el desarrollo del proyecto en contravención a la legislación ambiental aplicable.
Durante el operativo, la Fiscalía General de la República procedió al aseguramiento del inmueble en el que se construyó el fraccionamiento La Cucursola. Es importante señalar que conforme al artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los bienes inmuebles pueden ser asegurados cuando estén vinculados a la comisión de un delito.
El operativo realizado por la Fiscalía General de la República en el Estado de Guanajuato representa un avance significativo en la defensa del territorio forestal de la Sierra de Santa Rosa, una región de alto valor ecológico.
Mencionar que frente a la omisión, negligencia o falta de eficacia de autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (PAOT), resulta indispensable que otras instancias del Estado mexicano actúen con firmeza para frenar el deterioro ambiental y el avance de proyectos ilegales.
Desde Acción Colectiva Socioambiental, A.C. y Movimiento Colibries de Guanajuato reconocemos el profesionalismo y la determinación con que la FGR en el Estado de Guanajuato ha conducido esta investigación, y valoramos que hoy se estén dando pasos concretos para sancionar la ilegalidad y proteger el patrimonio ambiental que pertenece a toda la sociedad.
Nos mantendremos atentos y vigilantes para que esta investigación continúe con imparcialidad, rigor técnico y jurídico, hasta fincar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.