San Miguel de Allende, Gto, 14 de agosto de 2026.- Convocada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con la participación de más de 107 autoridades tradicionales, representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, así como integrantes de los tres poderes del Estado, se llevó a cabo en la comunidad indígena otomí de Cruz del Palmar, en San Miguel de Allende, la Asamblea Regional de los Pueblos Chichimeca-Otomí, como parte del proceso de consulta previa, libre e informada para la construcción de la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
En este ejercicio histórico participaron las diputadas y diputados de Morena Plásida Calzada, Ricardo Ferro y David Martínez Mendizábal, quienes acompañaron los trabajos de las comunidades y refrendaron el compromiso del movimiento con la defensa de sus derechos, su autonomía y su participación directa en las decisiones.
La asamblea forma parte de las 82 consultas regionales realizadas en todo el país, mediante las cuales se busca que la voz de los pueblos originarios y comunidades afromexicanas sea incorporada directamente en la construcción de una nueva legislación nacional.
En Guanajuato se instalaron ocho mesas de trabajo, donde autoridades tradicionales y representantes comunitarios analizaron más de 400 artículos de la propuesta de ley y plantearon observaciones, propuestas y modificaciones desde las necesidades y realidades de sus propias comunidades.
Al concluir las mesas de trabajo se realizó una plenaria para integrar las conclusiones y propuestas surgidas de la consulta. Estas serán entregadas a un consejo técnico de especialistas, encargado de analizarlas, sistematizarlas e incorporarlas al documento final de la iniciativa de ley, cuya presentación está prevista para el próximo 12 de octubre por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la jornada, como representante del Poder Legislativo en este proceso de consulta, la senadora Malú Micher destacó particularmente la lucha y participación de las mujeres indígenas, así como la necesidad de garantizar que tengan un papel protagónico en la construcción de políticas públicas y en la defensa de los derechos de sus comunidades.
Los trabajos también permitieron destacar el alcance de la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024, que reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La propuesta de Ley General busca promover, proteger, garantizar e implementar de manera efectiva los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, además de contemplar la tipificación de cuatro delitos, entre ellos el de usurpación.
En la Asamblea Regional también participaron María del Carmen Álvarez Juárez, titular de la representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Guanajuato y Querétaro; Jesusa Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum; y el senador Ricardo Sheffield, entre otras autoridades y representantes.

