Entrevistan a personas aspirantes a ocupar el órgano interno de control de la PRODHEG
Toño Cano 
Guanajuato, Gto., 02 de junio de 2026.- – Esta mañana, las personas diputadas que integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales llevaron a cabo entrevistas a las personas profesionistas que integran la terna para ocupar la titularidad del órgano interno de control de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG).
Lo anterior como parte de la metodología de estudio y dictamen aprobada por esta instancia legislativa, quien se involucra en la revisión del cumplimiento o no de los requisitos, antes de la elección en el Pleno.
La terna está integrada por Erika Yolanda Cerón Ramírez, Francisco Javier Solís Espinoza y Jesús Ricardo Santos Hernández.
La primera en ser entrevistada fue Erika Yolanda Cerón Ramírez, quien comentó que reunía tres elementos fundamentales: experiencia comprobada, conocimiento especializado y compromiso institucional. Mencionó que durante más de 20 años ha trabajado en materias de fiscalización, transparencia y combate a la corrupción, ha sido titular de un órgano interno de control, ha sustanciado procesos y conoce la parte jurídica y administrativa de la PRODHEG.
Indicó que impulsaría una gestión pública transparente y abierta a la ciudadanía y subrayó que su formación le permitía ejercer la función con legalidad, transparencia, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Agregó que puede aportar una visión visiblemente humana del servicio público.
Finalmente, remarcó que promovería una gestión cercana a las personas, la ética pública y ambientes laborales libres de violencia y buscaría que el órgano interno sea visto como un aliado para fortalecer la confianza, la transparencia y el bienestar personal, siendo cercano a la gente, empezando por el equipo.
Las personas diputadas cuestionaron sobre la percepción de la ciudadanía de corrupción de las autoridades, así como lo que propondría para mejorarla; las estrategias que implementará para que las resoluciones cumplan con los principios de certeza, exhaustividad, máxima publicidad y transparencia; las medidas concretas que implementaría para cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia; cómo sancionaría si detecta que una práctica administrativa irregular que no ha generado pérdida patrimonial; las acciones que impulsaría para fortalecer una cultura institucional de integridad, ética pública y prevención de riesgos de corrupción; y cómo diseñaría criterios para gestionar posibles conflictos de interés en convenios y contrataciones.
De igual manera, los mecanismos de supervisión que implementaría para mejores contrataciones públicas; el principal reto para investigar faltas administrativas en organismos autónomos y cómo garantizar la objetividad en las investigaciones; cómo garantizar la autonomía técnica y de gestión frente a presiones internas y externas; los criterios que utilizaría para generar un programa anual de auditoría que fortalezca la prevención y la detección de irregularidades; si durante su gestión detecta una irregularidad grave atribuible a la persona titular de la PRODHEG, pero hacerlo afecta la imagen de la institución y su propio cargo, qué haría; cómo el órgano interno de control valida indicadores de diversa naturaleza: de gestión, de impacto y de desempeño institucional y cómo se debe medir el funcionamiento y operación de la PRODHEG.
Cerón Ramírez respondió que lo primordial para combatir la corrupción es la capacitación de las personas servidoras públicas para que sepan con certeza sus alcances; la capacitación al personal en materia de transparencia, el llenado de las obligaciones; para sancionar hay que valorar el ilícito porque depende de lo que se haya realizado; difundir el Código de Ética, realizar un diagnóstico de si existen los controles de daños en cada área; además de la legislación respetar los insumos que se encuentran en el área de contrataciones públicas; generar el padrón de las personas que intervienen en contrataciones públicas y revisar sus declaraciones de intereses; la objetividad se garantizaría respetando la investigación, seguir el debido proceso y hacerlo con perspectiva de género y derechos humanos.
Asimismo, refirió que la autonomía técnica se basa en la propia reglamentación; realizar una detección de riesgos, un mapeo para establecer la nueva guía para realizar las auditorías y hacer el programa anual de las mismas; la misma Ley de Responsabilidades da las pautas sobre las que se debe actuar, si es grave se realiza la investigación, al ponderar daños se revisan pros y contras sin ir por encima de la ley; los indicadores se deben medir dependiendo del área.
En su oportunidad, Francisco Javier Solís Espinoza manifestó que ha realizado diversas acciones en la materia y consideró que el órgano interno de control tiene dos facetas: preventiva y fiscalizadora. Apuntó que basaría su programa en cinco ejes estratégicos: el fortalecimiento del control interno institucional, la supervisión del cumplimiento normativo, la cultura de integridad y prevención, la rendición de cuentas y la mejora institucional, y el órgano interno como autoridad garante.
Finalmente, resaltó que en el ejercicio del control interno deben existir autonomía, responsabilidad y total compromiso con el servicio público.
Las y los congresistas profundizaron sobre lo que representa la responsabilidad de inspeccionar el ejercicio del gasto público de la PRODHEG y cómo garantizaría su estricta congruencia con lo aprobado; la estrategia para fomentar la cultura de la denuncia y la transparencia dentro de la PRODHEG y los mecanismos que implementará para proteger cada etapa del procedimiento; cómo mejoraría la política de gestión digital y los datos abiertos; la visión sobre el fortalecimiento institucional del citado organismo en material de transparencia y rendición de cuentas; las normas o adecuaciones reglamentarias que propondría para regular y fortalecer los procedimientos de control interno dentro de la institución; los indicadores para evaluar el desempeño del órgano interno de control y cómo demostraría que su actuación genera mejora continua.
Además, indagaron sobre cómo puede influir el órgano de control para que la PRODHEG cumpla con su función; las acciones preventivas y correctivas que propondría para que cumpla con las normas; cuando hay una irregularidad administrativa y una falta grave, cuáles son las acciones que decidiría implementar y el orden; los elementos técnicos para emitir lineamientos y manuales para las contrataciones públicas.
De igual manera, sobre que debido a la implicación del nuevo modelo de transparencia las acciones sustantivas que llevaría a cabo para reforzar las capacidades técnicas y operativas del personal a su cargo; las bases generales y criterios para la programación y ejecución de auditorías internas y externas de la institución; las normas que propondría para la solventación de observaciones; y sobre la detección de irregularidades cometidas por personas de alto nivel en la institución, el proceso de actuación para atender el tema.
Solís Espinoza puntualizó que el presupuesto debe utilizarse con base en lo aprobado, apegarse al marco normativo e implementar mecanismos para que el ejercicio del recurso público sea acorde a la ley; implementar tecnología para poder no sólo presentar denuncias sino darles continuidad; construir el documento de seguridad para proteger los datos personales; se debe contar con manuales y con un propio marco normativo que le permita tener procesos claros; tener manuales de control respecto del egreso para que se documente toda la actuación para el fortalecimiento interno; conectar a la PRODHEG a la plataforma estatal digital y revisar la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas que integran el organismo.
Señaló que ya se constituyó una Unidad de Transparencia que apoyará al órgano de control en la materia, y que se debe generar un marco normativo para generar procesos y dotar de insumos a los servidores públicos para dar cumplimiento al derecho a la información y a la protección de datos personales; generar un plan anual de auditorías; que se pueda tener documentados todos los procesos que se realizan en el organismo, mediante manuales de procedimientos específicos; y que el marco normativo debe aplicarse igual, sin distinción, ya que la ley es clara y debe ejecutarse al pie de la letra.
Añadió que es indispensable que los servidores públicos se apeguen a los códigos de conducta, de ética y a la Ley de Responsabilidades; que apliquen el principio de legalidad conforme a lo establecido en la norma, con base en eso procedan, independientemente del cargo público que ostente el servidor público; que ya existe una normativa para las contrataciones públicas y deben apegarse a ella.
Finalmente, tocó la participación de Jesús Ricardo Santos Hernández, quien resaltó la necesidad de un trabajo conjunto que busca que no sea necesario investigar con base en la prevención institucional y atender a un área forense, auditoría forense y utilizar lo que ya tiene la Procuraduría para poder hacer más visible lo que ya tiene el órgano interno de control; que debe haber una coordinación entre quienes son supervisados y los que supervisan.
Las y los legisladores profundizaron respecto los conflictos de interés reconoce desde este momento y las medidas concretas para garantizar que sus decisiones no estén condicionadas con lealtades, compromisos o cercanías previas; cómo evitaría que el órgano interno de control se convierta en una instancia que documenta irregularidades, pero no atienda las causas que lo producen; cuáles considera los tres principales riesgos de corrupción o mala gestión que debería revisar y cómo los abordaría; cómo armonizaría las funciones de fiscalización y control con el respeto irrestricto a los derechos humanos; los criterios y procedimientos que propondría para tramitar recursos de revisión y las estrategias para fomentar los principios de transparencia, participación ciudadana e innovación tecnológica.
También cuestionaron sobre las tres áreas de mayor riesgo administrativo, presupuestal y de responsabilidades que revisaría primero, así como los indicadores que utilizaría para detectar irregularidades; qué haría para corregir los tiempos de respuesta; el parámetro de plazos para promover la eficiencia y legalidad institucional; como autoridad garante qué acciones normativas, organizativas y operativas implementaría para garantizar el acceso a la información a todas las personas en igualdad de condiciones; la manera en que integraría los principios de legalidad, perspectiva de derechos humanos y transparencia en las funciones de auditoría y control interno, evitando que esas labores afecten la función sustantiva del organismo.
Asimismo, la visión sobre el fortalecimiento de la Procuraduría en transparencia y rendición de cuentas; los mecanismos para garantizar la independencia de sus decisiones, particularmente cuando debe investigar posibles irregularidades administrativas de altos mandos; las medidas para asegurar que la información esté disponible en lenguas indígenas y los ajustes razonables que promovería para garantizar el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información; y las áreas de oportunidad que identifica en el órgano interno de control.
Santos Hernández apuntó que en caso de que existiera un proceso donde de manera directa tuviera una mediación para evitar conflictos se designa a otras personas para que puedan llevar a cabo el procedimiento; agilizar los procedimientos, identificar los puntos que llevar a tardarse en el mismo; un mal servicio, que no haya un control de lo que se hace diariamente, los tiempos que se den a un determinado procedimiento y se atacaría mediante la evaluación al desempeño; tomar en cuenta los principios que no vulneran los derechos humanos; que ya existe un proceso establecido para los recursos de revisión, utilizar los espacios que tiene la PRODHEG para hacer la difusión y ampliar el número de personas a las que se llega.
Indicó que se deben de revisar todas las áreas que ejercen un presupuesto directo, las áreas de difusión y el área operativa; identificar los factores para analizar por qué no está cumpliendo con los tiempos, una evaluación sencilla para descubrir los puntos en los que están fallando; los plazos dependen de las áreas de la Procuraduría, ya que cada una tiene sus particularidades, partiendo de que sea trimestral, pero cambiando la forma de hacer auditoría; que podrán sugerir que se realicen ciertas acciones, que los protocolos de actuación son los que les permitirían lograr atenderlas; la transparencia en las investigaciones sin vulnerar derechos humanos desde el punto de vista constitucional; el servidor público debe responder a la ciudadanía porque recibe recursos para hacer una función que le sirva a la sociedad; respetar los principios de transparencia, independencia y objetividad; contar con formatos de accesibilidad Braille, audio, traductores de lenguas indígenas, entre otros.
Finalmente, el legislador Juan Carlos Romero Hicks manifestó que hay tres elementos esenciales que se tomarán en cuenta: honestidad, competencia y carácter.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros, María Isabel Ortiz Mantilla y Rocío Cervantes Barba, así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks (presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales), Rodrigo González Zaragoza y Sergio Alejandro Contreras Guerrero. Además, los acompañó la congresista Plásida Calzada Velázquez.
About the Author
