Guanajuato, Gto. – La Comisión de Asuntos Municipales finalizó las mesas de trabajo en las que se analizaron 28 diferentes iniciativas en materia municipal tomando como base la iniciativa de Ley Municipal para el Estado de Guanajuato.

Al hacer uso de la voz, Vicente Vázquez Bustos, de la Coordinación General Jurídica del Estado, indicó que en el apartado en el que se dice que los ayuntamientos tendrán el derecho de iniciar leyes y decretos se podría hacer una remisión a la Constitución Política del Estado de Guanajuato, en la cual también se plasma dicho derecho.

Luis Alberto Estrella Ortega, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, pidió que se valorara no solo contemplar las observaciones que se refieran en las consultas a personas de pueblos y comunidades indígenas, así como personas con discapacidad, donde a estos se incluya el tema de la niñez con normas que afecten a este grupo.

Por su parte, Rodrigo Sierra Ortiz, del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP), señaló que los ayuntamientos deberán establecer mecanismos de apertura gubernamental para ir en concordancia con la normativa de transparencia, junto a que se tenga una participación de miembros de la sociedad civil organizada y la colaboración del IACIP.

Carlos Rodríguez Pacheco, de la Coordinación General Jurídica del Estado, precisó que los mecanismos de democracia participativa implican la cooperación de un segmento de la ciudadanía, por lo que se debería de contar con algunos parámetros establecidos en las normas generales y estatales para cumplir con esos mecanismos de participación que no se definen con claridad.

Julio César Ruíz Colunga, presidente de la Asociación de Jueces Administrativos Municipales del Estado de Guanajuato, expresó que no se requiere de una reforma constitucional para rediseñar la justicia administrativa y que en los términos creados para Guanajuato solo se debe obedecer a las bases y principios de órganos autónomos con independencia técnica y los alcances de los medios de impugnación municipal, siendo la legislación local la encargada de regular dichos aspectos.

A lo anterior, Alfredo Israel Barrón Durán, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, pidió que se agregara a la propuesta la institución que representa, toda vez que se ha abogado por la independencia de los juzgados administrativos, tanto en lo presupuestal como en lo técnico, que ayudaría a fortalecer a un órgano jurisdiccional que ayuda a resolver las controversias entre los particulares y la autoridad administrativa.

El diputado Armando Rangel Hernández comentó que hay diversos cambios a la iniciativa que se había presentado en el Pleno, tanto por la inclusión de propuestas hechas por los diferentes grupos parlamentarios, como por las consideraciones que hicieron llegar los expertos que da un valor al producto que tendrá como fin armonizar el tema municipal.

Por su parte, el legislador Jorge Ortiz Ortega externó que las aportaciones que plasman el conocimiento en cada una de las diferentes áreas de la materia municipal fueron de apoyo para comprender mejor las áreas de oportunidad que ayudarán a perfeccionar los trabajos que comprendieron los foros regionales en los diferentes municipios.

El congresista Ernesto Millán Soberanes reconoció el trabajo de todas las personas que contribuyeron en el análisis de la nueva Ley Municipal para el Estado de Guanajuato, por la oportunidad de recoger la experiencia y las inquietudes de todos los municipios que genera un producto legislativo diverso y de gran calidad.

Finalmente, el congresista Bricio Balderas Álvarez manifestó que no ha sido una tarea fácil el análisis que hoy se concluye por no dejar ningún pendiente de la comisión que preside, donde el objetivo final de esta labor es fijar las bases de la municipalidad en la entidad, misma que también brinda la oportunidad de ser pioneros en la materia a nivel nacional.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Bricio Balderas Álvarez (presidente), Armando Rangel Hernández, Jorge Ortiz Ortega y Ernesto Millán Soberanes; acompañados por Luis Alberto Ortega Estrella, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; Vicente Vázquez Bustos y Carlos Rodríguez Pacheco, de la Coordinación General Jurídica del Estado; Andrea González Polak, del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato; Rodrigo Sierra Ortiz, del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; Alfredo Israel Barrón Durán, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; Julio César Ruíz Colunga, presidente de la Asociación de Jueces Administrativos Municipales del Estado de Guanajuato; Carlos Díaz Abrego, presidente de la Alianza de Contralores del Estado-Municipio de Guanajuato; así como personal del Congreso del Estado de Guanajuato.

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