Guanajuato, Gto., 15 de abril de 2026 – En sesión de la Comisión de Asuntos Municipales se aprobaron los dictámenes de dos propuestas de punto de acuerdo.
La primera, para exhortar a los alcaldes y alcaldesas de Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán y Xichú, a efecto de que diseñen políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos humanos de los gobernados; así como asumir con seriedad su papel y cumplir de manera cabal con sus obligaciones y, en consecuencia, realizar acciones tendientes a combatir la pobreza y marginación que flagela a sus pueblos, destinando para ello mayores partidas presupuestales, evitando realizar gastos superfluos en actividades que en nada cambian la situación de marginación en la que viven nuestros hermanos y hermanas indígenas y demás población.
La diputada Plásida Calzada Velázquez resaltó la importancia y lo loable de la propuesta, toda vez que los ayuntamientos son los primeros respondientes en las municipalidades donde se tienen personas de origen indígena y afromexicano, así como que los Ayuntamientos cumplan con lo que se tiene estipulado en beneficio de las citadas comunidades.
Por su parte, el congresista Millán coincidió con su homóloga y con el hecho de reconocer la importancia de las comunidades indígenas y afromexicanas, comunidades con las que históricamente se tiene una deuda de atención y servicios, por lo que era viable realizar un exhorto para que esos municipios combatan de manera frontal con políticas públicas e implementen planes y programas para que las condiciones de vida de las personas mejoren.
La segunda, para exhortar a los 46 municipios del estado para que, en el ámbito de sus competencias, revisen de manera integral los accesos, andadores, pasos peatonales y rampas para personas con discapacidad, a fin de identificar y corregir aquellos puntos que se encuentren bloqueados, invadidos o inoperantes, y adopten acciones inmediatas que garanticen su liberación y protección permanente mediante señalización adecuada, dispositivos físicos y vigilancia efectiva.
Asimismo, se les convoca a fortalecer los mecanismos de inspección y sanción frente al estacionamiento indebido que obstruya el tránsito peatonal, a incorporar de forma obligatoria la prioridad del peatón y la accesibilidad universal en obras públicas, reordenamientos viales y autorizaciones urbanas, y a desarrollar campañas de sensibilización que consoliden una cultura de respeto al peatón como eje de la convivencia vial, contribuyendo con ello a restituir la lógica de la pirámide de movilidad, reducir riesgos y asegurar que el espacio público permita desplazamientos seguros, dignos y accesibles para todas las personas.
Otros asuntos
Como parte del orden del día se dio cuenta de cuatro propuestas legales. Dos iniciativas de reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato. La primera, con el objeto de fortalecer la supervisión y evaluación de los organismos paramunicipales y fideicomisos; precisar la duración del órgano de gobierno haciendo coincidirla con el periodo constitucional del Ayuntamiento, y además mantener la publicidad de las sesiones del Consejo o equivalente mediante su transmisión.
La segunda, a fin de incorporar presupuesto con perspectiva de género para garantizar igualdad sustantiva en Guanajuato.
De igual manera, dos puntos de acuerdo. Uno para exhortar a la persona titular de la presidencia municipal de León Guanajuato, así como al Consejo Directivo del Parque Zoológico de León, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones establezcan un proceso de selección apegado a la norma, riguroso y transparente para la designación de la persona titular de la Dirección General del Parque Zoológico de León; así como para que garanticen que el perfil que encabece dicha paramunicipal sea preferentemente guanajuatense y cuente con experiencia técnica comprobable en manejo, conservación y bienestar animal, probidad reconocida y trayectoria profesional intachable.
El otro, para pedir a los 46 ayuntamientos del Estado de Guanajuato que instauren o formalicen sus Unidades Municipales de Atención a Víctimas (UMAV), alineando su operación a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV).
Asimismo, que los municipios asignen personal especializado, infraestructura y presupuesto que aseguren atención jurídica, psicológica y social con perspectiva de género, niñez y derechos humanos; implementen protocolos municipales de primer contacto, no revictimización y evaluación de riesgo, conforme a la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias; firmen convenios de coordinación con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Fiscalía, Sector Salud, Centros de Justicia para las Mujeres y demás instancias competentes para garantizar atención integral; establezcan sistemas de registro y seguimiento articulados con las plataformas estatales y federales, incluyendo la información derivada de llamadas al 911.
De igual forma, para que desarrollen programas permanentes de capacitación para policías municipales y personal de atención en materia de derechos humanos, perspectiva de género y atención victimológica; y realicen campañas de difusión comunitaria para que la población conozca los servicios, ubicación y mecanismos de atención sin revictimización.
También se dio seguimiento a las metodologías de análisis de dos iniciativas de reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; una sobre a la conformación del Comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratos de servicios de los municipios. Al respecto, se acordó llevar una mesa de trabajo el 28 de abril a las 10:00 horas.
La otra, a fin de garantizar transparencia y eficacia en el otorgamiento de concesiones para el diseño, construcción, conservación, operación, uso, explotación, mantenimiento o aprovechamiento de la infraestructura pública tanto municipal como estatal que excedan de una administración a otra. En este punto, se instruyó la elaboración del dictamen en sentido negativo.
Mismo trámite tuvieron tres puntos de acuerdo. El primero para exhortar a 39 ayuntamientos y sus autoridades para que, a la brevedad, adecuen sus instrumentos normativos en los términos de lo establecido por la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato e implementen la organización y el funcionamiento de los órganos encargados de impartir Justicia Cívica conforme a lo previsto en la citada norma, debiendo prever los recursos necesarios para ello, se instruyó la elaboración del dictamen sentido positivo, al no haber recibido respuesta.
El segundo, con la finalidad de solicitar al municipio de Guanajuato que inicie el procedimiento de remoción del secretario de Seguridad Pública de dicho municipio; así como a la presidenta municipal para que destituya al director general de Servicios Jurídicos, se solicitó realizar el dictamen en sentido negativo; y el tercero para pedir al ayuntamiento de Silao de la Victoria que solicite al Comité de la Feria de dicho municipio el informe de las actividades establecido en el reglamento respectivo, se pidió elaborar el dictamen sentido positivo.
En el apartado de asuntos generales, el diputado Juan Carlos Romero Hicks habló sobre el punto de acuerdo para exhortar al ayuntamiento de Silao de la Victoria, a fin de que solicite al Comité de la Feria de dicho municipio el informe de las actividades establecido en el reglamento respectivo.
Mencionó que el citado municipio envió una comunicación el pasado 13 de abril, por lo que la presidencia debería revisar ese documento y eventualmente el sentido del dictamen, porque de lo contrario si hay dudas en la información deben dirimirse y clarificarse, pero la forma en que se abordó en la reunión había sido superficial, por lo que de lo contrario votarían en contra y señalarían que se atropelló el proceso.
Por su parte, el congresista Ernesto Millán Soberanes manifestó que fueron seis meses los que se solicitó la información y era de llamar la atención que justo el día que se circula el orden del día llega la documentación, coincidentemente. Apuntó que no era un dejo de una atención diferenciada ni de no atender lo que envía el municipio, sino una falta de atención de este.
Finalmente remarcó que se analizará de manera puntual, como se hace con el resto de la información; mientras que la legisladora Ruth Noemí Tiscareño Agoitia señaló que coincidía con su homólogo Romero Hicks en que se debe revisar la información porque se dictamina con base en que no se recibió.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, así como los diputados Ernesto Millán Soberanes (presidente), Oscar Enrique González Espinosa y Juan Carlos Romero Hicks.

